Posverdad en tiempos salvajes: Paro en Ecuador

12 de octubre de 2019, van nueve días de paralizaciones en la Amazonía y Sierra ecuatoriana. Los alimentos escasean y no hay combustible en las gasolineras. Redadas de indígenas en camionetas recorren las ciudades obligando a los comercios a cerrar. Hay cinco personas fallecidas en las protestas y el diálogo con el gobierno se ve lejano. En la mañana se conoce que los indígenas se radicalizarán debido al uso de la fuerza de la policía y el ejército, tomando como prisioneros a policías y paralizando servicios públicos como agua potable en las ciudades. A medio día, frente a la crisis, el Gobierno acepta revisar el decreto de medidas económicas, causa de las manifestaciones, y se abre una puerta para dialogar y terminar con el levantamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, principal protagonista.

Frente de manifestantes en Quito. Foto: Bolívar Apugllón
La comunicación durante estos dos días se convirtió en otro ámbito donde se enfrentaron varias visiones del problema, creando confusión en la ciudadanía y a nivel exterior, pero también en la evidencia de que la verdad depende de quien la postule.

El origen de la confusión
Lenin Moreno, presidente de Ecuador, junto con su gabinete, decidieron aplicar medidas económicas para cubrir el déficit fiscal, -heredado del gobierno correista 2007 a 2017-, mediante el decreto 883, entre ellas, la subida del costo de la gasolina extra y el diésel, principales combustibles usados por el transporte y la población ecuatoriana.  Lo que muchos periodistas y analistas no comprendieron es que entre el 4 y 12 de octubre no hubo un solo paro, sino al menos tres y por distintas motivaciones: 

1. Iniciaron las paralizaciones el 3 de octubre, los indígenas de la Amazonía y la Sierra, saliendo de sus comunidades rurales hacia las ciudades y cerrando las principales vías de comunicación, exigiendo la eliminación del decreto 883.
2. El 4 de octubre los gremios del transporte pliegan al paro, exigiendo que se revea el incremento de combustibles, pero para el 5 de octubre negociaron con el gobierno y levantaron el paro por la noche, una vez que se logró la subida del costo de pasajes.
3. Rafael Correa, expresidente de la nación, en el exterior y sus aliados políticos en el país emprendieron una campaña para solicitar elecciones anticipadas frente a la conmoción social que, de acuerdo al gobierno, estaba acompañada por infiltraciones en las manifestaciones para provocar violencia, sostener su tesis y derrocar al presidente Moreno.


El gobierno, los medios, los ciudadanos y la posverdad
La tesis del Gobierno se basa en dos puntos, subir el precio de los combustibles es la única salida al déficit lo que, además, permite controlar el contrabando a Colombia y Perú, negocio controlado por mafias que se infiltraron en las manifestaciones, así como elementos nacionales y extranjeros contratados por Correa y sus aliados para derrocar al gobierno.

Periodistas de medios de comunicación como Teleamazonas y La Posta asumieron el discurso del gobierno nacional sobre la existencia de un intento de "golpe de estado" planificado y dirigido desde el exterior por el prófugo Correa.

Los medios de las organizaciones participantes como la Conaie, básicamente a través de medios digitales, expresaron su indignación por la represión policial y militar; y, plantearon un diálogo en función de la derogatoria de las medidas.

Los empresarios usaron medios tradicionales y redes sociales para expresar su propia verdad sobre los hechos.
Los políticos locales, muchos de ellos desaparecidos en medios, al final se pronunciaron para defender sus ciudades.
Los ciudadanos, por su parte, dentro de las diferentes verdades expuestas, se limitaron a replicar estas posiciones desde los límites de su formación, cultura y/o estatus socioeconómico.

Otros hechos
Es importante revelar algunos hechos que poco se han tratado en la guerra mediática durante estos nueve días, por ejemplo, la participación de los estudiantes secundarios y universitarios de Quito, especialmente aquellos relacionados con la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE), el Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria (FRIU) y el Grupo de Combatientes Populares (GCP), tres brazos de acción del Partido Comunista, Marxista, Lenista del Ecuador (PCMLE), relacionados siempre con la protesta violenta, quienes suelen infiltrarse en las manifestaciones populares, -si no es que las provocan ellos mismos- y causar enfrentamientos con las fuerzas represivas, elevando la escalada de violencia, como estrategia para profundizar el conflicto y "crear las condiciones materiales para la toma del poder político", siempre por la fuerza.

Otro elemento relevante en esta coyuntura es la estrategia histórica de las manifestaciones indígenas. Para muchos comunicadores, políticos, empresarios y ciudadanos, las manifestaciones de la Conaie se volvieron violentas e incontrolables. Sin embargo, no consideran que en todos los levantamiento, al menos desde 1990, los indígenas han utilizado similares tácticas, como cierre de vías para ahogar a las ciudades, presión y saqueos para reducir el comercio interno y abastecimiento, toma de instituciones públicas. Inclusive el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en una muestra de desconocimiento histórico, señalando que jamás han realizado saqueos.

Por otro lado, la "defensa de Guayaquil", liderada por el Partido Social Cristiano, debe comprenderse no solo en el ámbito coyuntural, sino como una demostración de fuerza electoral entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso, quienes se jugaron el liderazgo por ser actores principales y no observadores pasivos del problema nacional, logrando el primero posicionarse como tal en Guayas, aunque sus desafortunadas declaraciones sobre los manifestantes tendrán un costo político en el futuro.


El gobierno cede y los indígenas aceptan negociar
Aunque las protestas continúan, los dos actores principales del conflicto han decidido sentarse a la mesa de negociación, lo que permitiría levantar el paro y abrir las vías para reabastecer a las ciudades, encontrando otras soluciones para cubrir el déficit fiscal y los compromisos de deuda externa de diez años de gobierno correista.

De forma indirecta, se conoce que el Presidente ha aceptado revisar el decreto 883, sobre el cual, inicialmente, planteó que no se retrocedería:

Toque de queda
Sosteniendo la tesis de que existen infiltraciones de correistas en las manifestaciones, sobre todo por los ataques a los edificios de la Contraloría General del Estado y Teleamazonas, el Gobierno decreta estado de emergencia en Quito, esperando separar a los indígenas de los manifestantes violentos.


La situación se complica para la capital


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