El Fracaso de la Iniciativa Yasuní ITT*
El presidente del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, el 15 de agosto del 2012, derogó el decreto presidencial, que disponía la Iniciativa Yasuní ITT para conservar 920 millones de barriles de petróleo sin explotar por tiempo indefinido. Vestido con terno oscuro, se presentó ante la nación sin los símbolos que lo caracterizan: sus camisas bordadas con motivos indígenas y la banda presidencial.
Durante su
intervención, señaló que “…sin buscar ninguna clase de rédito, yo creo que el
país me conoce (…), quien ideó y propuso la iniciativa fue el propio Presidente
de la República. Lamentablemente tenemos que decir que el mundo nos ha
fallado”. Intentó justificar sus errores en el manejo de la propuesta,
considerándolos poco relevantes, pues para el gobernante la hipocresía mundial
fue la causa principal para que fallara la Iniciativa. Con ello, informaba a la
nación que pretendía explotar los recursos para sacar de la pobreza a la
población ecuatoriana.
Cadena de Rafael Correa derogando su propio decreto
Anticipándose
a las reacciones de los jóvenes en contra de explotar las reservas en las áreas
protegidas y el área intangible del Yasuní, durante la cadena se dirigió,
directa o indirectamente por 16 ocasiones a la población juvenil (frente a las 5
menciones a toda la población), llamándoles “queridos jóvenes” y pidiéndoles
que comprendan su decisión debido a que “tenemos que vencer la pobreza, tenemos
que construir hospitales, adecuadas escuelas, vivienda, energía, lograr que
cada territorio tenga los servicios públicos indispensables”. Esta particular
orientación del mensaje tiene una clara connotación política, pues es la
población juvenil la que más apoyaba su propuesta ecologista.
Pese a
los argumentos del gobernante, la Iniciativa Yasuní ITT nació con serios
problemas de salud, debido al manejo contradictorio de Correa frente al mundo.
En primer lugar, en el año 2007, antes de proponer la iniciativa, diario El Hoy
(4 de febrero del 2007), recoge información de una de sus primeras sabatinas,
en la cual señala que la explotación del ITT sería una realidad pese a la
oposición de los “grupos ecologistas radicales”, es decir que la iniciativa no
nació de él, como argumenta con grandes dejos de humildad, sino de organizaciones
defensoras del ambiente, representados por Alberto Acosta dentro del gobierno.
Alberto Acosta explica su posición sobre la Iniciativa Yasuní ITT
Posteriormente,
una serie de discursos y acciones concretas del gobierno, conducían a pensar
que sus verdaderas intenciones fueron obtener los recursos del Yasuní, para
financiar la “Revolución Ciudadana”, que también es de autoría compartida y no
propia del actual mandatario. Por ejemplo, maltratar contrapropuestas europeas
de supervisión de los recursos, ante lo cual Correa manifestó su grosero desacuerdo.
O iniciar la construcción de carreteras dentro de la reserva y adelantar
permisos del Ministerio del Ambiente.
Roque Sevilla comenta sobre los errores de la Iniciativa
Señalar
ante el mundo que la hipocresía de los países desarrollados es la principal
causa del fracaso de la iniciativa y minimizar los efectos de su elocuente
tozudez, constituye una repetición de actitudes de los políticos ecuatorianos:
no aceptar los errores propios. Lo que en el caso del presidente Correa se ha
convertido en una manía.
Etnocidio:
una real posibilidad
Durante la cadena del presidente Rafael
Correa, en la cual se informó a la nación y al mundo sobre la derogatoria del
Decreto que impulsaba la Iniciativa Yasuní ITT, no hubo una sola mención sobre los
pueblos en aislamiento voluntario, ni del peligro real de que ocurra un
etnocidio que los extermine.
La omisión del Presidente, acostumbrado
a desmembrar y detallar todas las aristas de un asunto, parece sospechosa.
Habló con claridad sobre los éxitos del gobierno en materia ecológica en el
campo Panacocha, explotado por Petroamazonas; puso como ejemplo el sistema de
control de pesca del tiburón, pero sobre los problemas humanos con los Tagaeri
y los Taromenane no dijo una sola palabra, pese a que viven en una situación
desesperada, cercados como están por los bloques petroleros que circundan el
parque Nacional Yasuní y por sus vecinos los colonos y los waoranis.
Documental de Abyssinia Films donde habla sobre la explotación petrolera en el Yasuní
y la contaminación actual producida por Repsol
Para el sacerdote capuchino Miguel
Cavodevilla, la exterminación de estos pueblos es cuestión de tiempo, si el
Estado ecuatoriano no es capaz de tomar medidas serias para evitarlo, es decir,
si la situación continúa como hasta la presente fecha.
Desde la matanza de no contactados en
2003, los misioneros han advertido a los gobiernos de turno y que desde el 2009
las actuales autoridades estuvieron al tanto del peligro de etnocidio, nadie ha
logrado detener los enfrentamiento y que se repita el asesinato de más de 20
taromenanes en marzo del 2013.
Invadidos en su territorio estos
pueblos desaparecerán, ocultados por el poder y por los intereses petroleros
del gobierno, para el cual, si existen, son un problema menor que no merece la
pena mencionarlo.
‘Una
tragedia ocultada’
El libro ‘Una tragedia ocultada’
escrito por el sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla y la investigadora
Milagros Aguirre, es un documento histórico, sociológico, antropológico,
periodístico e inclusive político, pues toma de estas vertientes sus mejores
herramientas para explicar una horrible realidad que viven dos grupos de
indígenas waos, denominados Tagaeri y Taromenane, en la región amazónica
conocida como Yasuní.
El texto fue objeto de un episodio
lamentable, pues durante su lanzamiento una orden judicial evitó la
distribución del libro, en base a una denuncia de la Defensoría del Pueblo que
se comprobó, posteriormente, fue completamente infundada e instigada por
integrantes de la Fiscalía.
Por estos dos motivos: la tragedia de
los pueblos no contactados y el abuso de las autoridades para evitar su
difusión en la sociedad, el libro ‘Una tragedia ocultada’ se convierte en un
documento fundamental para conocer la verdad sobre las consecuencias de la
intervención del Estado en el Yasuní y su responsabilidad en las masacres.
La obra se
compone de dos partes. En la primera, Cabodevilla escribe ‘LA MASACRE ¿que
nunca existió?’ Y en el primer párrafo del Capítulo I, ‘Contra el olvido’, hace
dos afirmaciones claras y contundentes:
“A finales de
marzo de este año, 2013, se perpetró, en las selvas del nororiente ecuatoriano,
una gran matanza de indígenas ocultos. Consumada de una forma abusiva y cruel.
Se eliminó, sobre todo, a mujeres y niños. Funcionarios gubernamentales siguen
hablando de presunta, o de que quizá pudo darse. No obstante, las pruebas del
desastre, desde un inicio, no pueden ser más contundentes”. (Aguirre
y Cavodevilla, 2013, pág.25).
Un niño y una mujer taromenanes asesinados
(fotografía del libro Una tragedia ocultada, 2013, pág. 135)
Estas palabras
recogen el fundamento del libro; es decir, que existe un problema de matanzas
contra pueblos no contactados, protegidos por la Constitución de la República
del Ecuador y los Derechos Humanos; y, que las autoridades no han actuado de
acuerdo a sus responsabilidades.
En la segunda parte, Aguirre escribe
‘¡OCULTADOS! La bitácora de unas muertes anunciadas (marzo-septiembre 2013)’,
donde afirma que:
“Era totalmente
previsible una venganza después de una muerte tan cruel como la de Ompure y
Buganey. Estábamos seguros de ello. En el caso de la Fundación Labaka y del
Vicariato Apostólico de Aguarico, el primer contacto con las autoridades se dio
el día 7 de marzo, dos días después de la tragedia. Una llamada del Ministro
del Interior, hombre interesado en el tema de los “ocultos” desde cuando fue
Ministro de Trabajo, en el gobierno de Alfredo Palacio1, y a quien habíamos
acudido en varias ocasiones anteriores, cuando fue Ministro de Justicia, y que
se mostró entonces preocupado por el tema, fue el primer contacto oficial”
(sic). (Aguirre y Cavodevilla, 2013, pág.144).
Esta afirmación pone de manifiesto que
las autoridades estuvieron al tanto de la situación y que no hicieron nada por
evitar la masacre del marzo del 2013. Lo que implicaría una seria denuncia por
omisión que deberían responder el Ministro José Serrano y el gobierno central.
Estos temas serán analizados para
entender esta realidad que, según Cabodevilla, es de poco interés para la
sociedad ecuatoriana, pues se ha considerado superficialmente esta tragedia. Ni
la prensa ha investigado a profundidad, ni los intelectuales se han
pronunciado, ni la sociedad civil ha reaccionado. Mientras que por parte del
gobierno y la Fiscalía han procurado minimizar el problema sosteniendo una
teoría de improbabilidad del hecho o que si ocurrió no pasa de ser un suceso
policial local.
“La mayor
matanza ocurrida en Ecuador en decenas de años ha pasado de puntillas ante la
apatía general. Tampoco ha trascendido al extranjero”. (Aguirre
y Cavodevilla, 2013, pág.26).
Etnocidio
o simple venganza tribal
Para Cabodevilla la masacre de Tagaeris
ocurrida en marzo del 2013 es mucho más que un caso de investigación policial o
jurídica, porque se trata del
“exterminio de un grupo social y cultural humano”. Por lo tanto, llama la
atención el sacerdote, es responsabilidad de toda la sociedad ecuatoriana.
Señala que si los responsables de las matanzas fuesen empresas privadas como
las petroleras, otra fuera la reacción de las organizaciones sociales, mientras
que no dicen nada frente a indígenas matando indígenas.
Para el autor, las masacres son una
constante en la zona y son irremediables si se continúa con el inadecuado
manejo de la situación, pues no se ha tomado ninguna medida desde la última
gran masacre ocurrida hace 10 años en el 2003. La impunidad de los actos
sangrientos es una legalización de facto.
Narra los acontecimientos en los
siguientes capítulos: ‘El ataque’, ‘Tras el asalto’, ‘El exterminio que no
cesa’, donde cuenta la historia del ataque de un grupo de Tagaeris contra los
ancianos waoranis Ompure y su esposa Bugany, fuera del poblado de Yarentaro,
dentro del Bloque 16, explotado por Repsol.
La reacción de furia de los indígenas
era notoria. Cabodevilla traduce varias voces de angustia y de ira, que incluye
la voz de uno de los hijos de la anciana gritando: “¡Voy a matar a todos! ¡Voy
a matar a todos los taromenani!”. Las autoridades y los sacerdotes que
visitaron posteriormente el pueblo, dan razón de la tensión.
Cabodevilla insta a los lectores a que
se empapen de la realidad del Yasuní antes de emitir juicios sobre las causas
de estos hechos. En la bibliografía publicada por la Fundación Alejandra Labaka
(FAL), expone tres argumentos que son aclaratorios:
- Los Tagaeri y los Taromenane son pueblos guerreros y por lo tanto violentos.
- Por su condición atacarán a los ‘cowori’ pobladores fuera de sus clanes.
- Los waorani y los colonos se anticiparán a estos ataques matando a los Tagaeri y Taromenane.
Ocultar
la tragedia, una política de Estado
Milagros Aguirre manifiesta que
integrantes de la FAL se entrevistaron con el Ministro José Serrano para llamar
su atención sobre el peligro que se cernía en el mes de marzo en el Yasuní.
Mediante correo electrónico, este funcionario de Estado respondió el 11 de
marzo:
“comparto y
suscribo lo señalado, realmente vamos a actuar inmediatamente con lo que han
señalado (…) te ruego mantenerme al tanto, de lo que consideres pertinente.
Actuáremos con el reglamento y la indemnización, la campaña de difusión y
además el protocolo, estaré atento, José.
“Por supuesto,
nada de eso se hizo: ni la indemnización, ni socializar protocolos de
emergencia, ni siquiera hablar del tema. Nada de nada…”. (Aguirre
y Cavodevilla, 2013, pág.149).
Fueron muchas las
cartas del Obispo y de funcionarios de la FAL solicitando la intervención del
Gobierno en dos aspectos:
1.
Control y requisa de armas y municiones
en las comunidades afectadas por el ataque a los ancianos Ompure y Bugany.
2.
Indemnización a los familiares de los
fallecidos, en base a una reglamentación que procure saciar la sed de venganza
y justicia.
“¿Por qué no
actuaron?”, se pregunta Aguirre y analiza el criterio académico de un
funcionario de gobierno quien sostenía que expertos consultados, desde sus
prejuicios antropológicos, manifestaron
la imposibilidad de que los waoranis tomen venganza contra sus hermanos no
contactados.
La autora hace
un recuento de las actividades infructuosas de las autoridades, que
concentraron a comunidades de waoranis que no fueron afectadas por el ataque
para dialogar y llegar a acuerdos, el 26 de marzo, cuando 6 días antes un grupo
ya había salido a buscar a los taromenani.
“Unas horas
antes de la noticia, tuvimos nuevamente contacto con los funcionarios del
Ministerio del Interior. Llamaban para invitar a participar en mesas de trabajo
que preparaban ante un tema por demás complejo, una con entendidos en el tema y
asesores, otra con autoridades locales (otra vez, siempre que pasa lo mismo,
sucede igual). Horas más tarde volvimos a llamar, pero no para confirmar la
asistencia a dichas mesas, sino para contarle al Viceministro que todo parecía
demasiado tarde, que daba igual si se hacían o no mesas de trabajo, si había o
no respuestas estructurales por parte del Estado: la venganza había sido
consumada. Los waorani volvieron con dos niñas, C. y D. que habían capturado
durante su incursión.
“-¡Qué!,
¿Estaríamos hablando de un escenario como el del 2003?, dijo, sorprendido, el
Viceministro”. (Aguirre y Cavodevilla, 2013, pág.157).
Las
masacres se repetirán si no actuamos
- El llamado del sacerdote Cabodevilla es claro: la sociedad ecuatoriana es responsable por la casi segura desaparición de los pueblos no contactados, pues la impasibilidad para reclamar por su derecho a existir, no crea las condiciones para que el estado actúe en función de los derechos humanos y la Constitución.
- Las autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales son responsables de velar por los pueblos no contactados, realizando actividades de concienciación, indemnizaciones y de fuerza, de ser necesario, para castigar a los waoranis que se involucren en la cacería de tagaeris y taromenanes.
- Existe una intencionalidad de determinadas autoridades por minimizar e inclusive ocultar el etnocido, considerando los hechos como asuntos de índole policial. Además, a partir de la decisión presidencial de explotar los Bloques 41 y 43 del Yasuní, prácticamente los pueblos no contactados fueron borrados del mapa.
* Tres artículos preparados para la clase de Periodismo Político y Opinión Pública sobre el tema del etnocidio de los pueblos en aislamiento voluntario, que viven en graves condiciones dentro del Parque Nacional Yasuní.
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