A
partir de la elección en una vuelta del actual presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, el 26 de abril del 2009, éste ofreció radicalizar su proyecto de
gobierno, conocido como Revolución Ciudadana. Uno de los extremos que ha
alcanzado Correa, es un intenso debate sobre la libertad de opinión y expresión,
matizado por argumentos en favor y en contra de las políticas gubernamentales,
que intentan desplazar la aplicación de este derecho, hacia la responsabilidad
ulterior de quien hace uso de él.
Pese
a que no es un asunto importante para la mayoría de los ecuatorianos, existe un
implacable enfrentamiento entre el gobierno y medios privados, que se ha
convertido en la línea de acción principal de Correa.
Correa critica el monopolio de los medios de comunicación
Sin
embargo, hay que considerar que la libertad de expresión es más que una pugna
entre el poder político y los dueños de medios. Es un derecho reconocido por la
mayoría de los estados del mundo y de su aplicación depende el adecuado
funcionamiento del sistema democrático, basado en la participación de la
ciudadanía, de acuerdo a la Constitución del Ecuador.
Libertad de
expresión como un derecho humano
Dos
tratados internacionales son los documentos principales que tratan sobre la
libertad de expresión en el mundo.
La
Declaración Universal de Derechos
Humanos,
en su Artículo 19, manda que “Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
La Convención Americana sobre
Derechos Humanos (conocida
popularmente como Pacto de San José), establece en el Artículo 13, sobre la Libertad de Pensamiento y de Expresión:
1. Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección.
2. El
ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No
se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los
espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará
prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
De
la normatividad expuesta se infiere que este derecho es universal, por lo tanto
no se limita a la información de los medios públicos o estatales, ni a las
esferas del quehacer público o político, pues “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión…”, lo que implica que son los ciudadanos de un estado
los dueños y partícipes.
Libertad de
expresión de acuerdo al gobierno
Según
Correa, no es el gobierno quien atenta contra las libertades ciudadanas, pues
su lucha se centra en democratizar la información en manos de los medios
masivos, quienes atentan contra la libertad de expresión, porque hegemonizan la
información o la tergiversan de acuerdo a sus intereses.
Para
enfrentar el conflicto, el gobierno ha implementado tres estrategias: 1) la aprobación
de una nueva Ley Orgánica de
Comunicación,
2) La judicialización a periodistas y medios de comunicación y 3) La concentración
bajo su administración de medios de comunicación.
Sobre
la primera estrategia, el gobierno ha fracasado en varias ocasiones, pues el
Presidente de la Asamblea Nacional, de la tendencia del gobierno, ha tenido que
suspender las
reuniones
al no contar con los 63 votos, como mínimo, para aprobar el ‘Proyecto de Ley’ en
segundo debate.
Sobre
los juicios implantados contra medios de comunicación, dueños de medios y
periodistas, ha tenido mejores resultados, pues los
jueces que han llevado las demandas han sentenciado en favor del mandatario.
En
cuanto a la “Concentración de
medios”,
es inédita la acción del gobierno de Correa, pues tiene bajo su tutela, directa
o indirecta a: El Telégrafo, TC Televisión, radioemisora TC Radio, Gama TV, CN3
(televisión por cable), Radio Súper K, Multicom, América Visión, Organización
Radial, Buscapersonas S.A., Editorial Unimasa que imprime las revistas La Otra,
La Onda, La Onda Infantil, Más, El Agro y Samborondón. Y ha creado otros como
El Ciudadano, PP El Verdadero, Ecuador TV y la Agencia Pública de Noticias del
Ecuador y Suramérica (Andes) y la ya existente Radio Pública.
En
esta tarea, el gobierno no está solo, pues existe un grupo de intelectuales que
consideran adecuado el proceder del gobierno, como el argentino, premio Nobel
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien reconoce a Correa “por su compromiso
social y los cambios profundos que está llevando no solo en el Ecuador sino a
nivel continental” (El Ciudadano). También
respaldan la posición oficial los periodistas y analistas que publican en los
medios controlados por la actual administración, como el columnista Jorge
Núñez Sánchez
de diario El Telégrafo o Carlos Ochoa de Gama TV.
Además,
ha sido públicamente reconocido con el premio Rodolfo Walsh al
Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular, galardón que entrega la
Universidad Nacional de la Plata (Argentina), y que también lo han recibido los
mandatarios Hugo Chávez y Evo Morales.
Como
se puede observar, el presidente Correa centra la atención de la libertad de
expresión en el uso y abuso de la información, limitando el desarrollo de este
derecho a su enfrentamiento con los medios masivos y no a su efectiva
aplicación en la ciudadanía.
Libertad de
expresión de acuerdo a los medios privados
Para
los dueños de medios privados, el gobierno viola el derecho a la libertad de
expresión, a través de la intimidación, que pretende que los medios ‘independientes’ se
autocensuren. Estos medios, que son atacados por Correa, especialmente a través
de los enlaces ciudadanos de los días sábados (conocidas como cadenas
sabatinas), son: El Universo, El Comercio, La Hora, El Expreso, El Hoy, la
revista de investigación Vanguardia y canales de televisión como Teleamazonas y
Ecuavisa.
Han
publicado noticias sobre actos de corrupción sucedidos durante la presenteadministración, todas ellas descalificadas por el gobierno, denominándoles
‘medios corruptos’, que tratan de desacreditar a la Revolución Ciudadana. Sin
embargo, varios de estos casos se han comprobado, sin que exista una
rectificación de la administración. Los casos más sonados son:
- La
falsificación de título de Pedro Delgado, ex Presidente del Directorio del
Banco Central del Ecuador y Presidente del millonario Fideicomiso AGD CFN no
más Impunidad. El presidente asistió a una cena de respaldo a este funcionario
y se desgañitó contra el ‘linchamiento mediático’ del que, aseguraba, era
víctima su pariente.
Presidente del Banco Central renuncia por falsificar un título universitario
- El
préstamo ilegal de 800 mil dólares al argentino Gastón Duzac, (relacionado con
Pedro Elozegui, amigo y asesor de Correa), quien tenía contactos de negocios
con varios Ministros de Estado, gracias a lo cual recibió del Banco COFIEC,
incautado por el estado ecuatoriano, un crédito sin que se cumplan las normas
de la institución financiera, ni las leyes ecuatorianas.
Caso crédito al argentino Gastón Duzac
- El
caso ‘Gran Hermano’, donde se comprobó que el gobierno había contratado con el
hermano de Correa, Fabricio Correa Delgado, para la ejecución de obras, por
varios millones de dólares. La veeduría
creada por el propio gobierno, con el fin de esclarecer el hecho,
concluyó que el mandatario conocía de los contratos. El Presidente ha negado su
conocimiento y ha enjuiciado a los integrantes de la veeduría.
- El
caso de la ‘Narcovalija’, con repercusiones internacionales, debido al uso de
la valija diplomática ecuatoriana para enviar 40 kilos de droga a Italia.
Carlos Vera en el programa de Marcelo Dotti señala
al Canciller Patiño como encubridor
al Canciller Patiño como encubridor
La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los dueños de los medios
de comunicación, ha emitido varios comunicados contra la campaña de
desprestigio del gobierno ecuatoriano. En la última Asamblea realizada en abril
del 2012, la SIP resolvió “exigir al
Gobierno que cese las agresiones verbales y la intimidación contra los medios
independientes”
Para
los periodistas independientes o que trabajan para medios privados, existe una
persecución velada del gobierno, que trata busca Juan Carlos Calderón y
Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, investigación sobre los
contratos del hermano del Presidente.
Juan Carlos Calderón habló por el Día del Periodista
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/politica/Periodista-Juan-Carlos-Calderon-Dia_3_622167782.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
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En
el caso de los medios, igual que en el caso del gobierno, han reducido el
debate a la publicación de noticias y opiniones en los medios. Sin embargo, no
se considera el aspecto más importante del ejercicio de la libertad de
expresión, su uso por parte de los ciudadanos. Esto es lo que critican otros
actores políticos, que no se hallan en ninguno de los dos bandos.
Libertad de
expresión de acuerdo a otros actores políticos
Asambleítas
de diversas tendencias políticas, también se han pronunciado respecto a la
libertad de expresión. Lourdes Tibán, Presidenta de la Comisión de Derechos
Colectivos de la Asamblea Nacional, manifiesta que existen violaciones permanentes
de la libertad de opinión y de expresión por parte del gobierno contra la
población, que trata de evitar cualquier protesta contra el régimen. En su blog
de la Asamblea, manifiesta que “Hoy mas que nunca, según la justicia correista
considero que también debería estar en la cárcel acusada de TERRORISTA” (sic).
Los juicios a dirigentes sociales
Por
otro lado, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), acudieron a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para denunciar la criminalización delas protestas sociales, pues son más de 200 juicios del gobierno contra dirigentes
campesinos, “la mayoría -señaló- está demandada por sabotaje y terrorismo”.
Universitarios sentenciados
En
septiembre del 2010, la Asamblea Nacional se prestaba a aprobar la Ley del
Servicio Público, impulsada por el gobierno. Debido a ello, los dirigentes de
empleados y trabajadores de la Universidad Nacional de Chimborazo realizan
varias movilizaciones en rechazo a determinados artículos del proyecto, que
consideraban inconstitucionales.
El
30 de septiembre, la manifestación de los universitarios coincidió con la
sublevación policial contra el gobierno. La marcha de estudiantes y funcionarios se dirige a la
Gobernación y el gobernador encargado, Edgar Samaniego, ordena que se abran las
puertas de ingreso al público, cerradas minutos antes, para recibirlos en el
salón de la institución.
Días después de estos sucesos, la Fiscalía realiza una
investigación e incrimina a los 4 empleados de la Unach, llamándoles a juicio,
lo que terminó con la sentencia condenatoria por invasión de edificios
públicos, pese a la
versión de Samaniego y del ex intendente Vinueza, que señalaron que fue su
decisión abrir las puertas de la institución.
10 de Luluncoto
Detenidos
en el operativo policial ‘Sol Rojo’, 10 ciudadanos reunidos en un Departamento
de Luluncoto, sector de Quito, son presentados por el Ministro del Interior,
José Serrano como presuntos terroristas.
Los
detenidos, dirigentes sociales identificados con tendencias de izquierda,
sostienen que se reunieron para dialogar sobre la problemática social del
Ecuador. El gobierno, por su lado los vincula con grupos subversivos que
detonaron bombas panfletarias en Cuenca, Guayaquil y Quito, las principales
ciudades del país.
De
acuerdo a los abogados de los acusados, durante el juicio preguntaron al jefe
del operativo si tenía pruebas que los vincularan a los ‘bombazos’, a lo que
respondió, que no tenían prouebas vinculantes. Pese a ello, los jueces del
Tribunal los condenaron a un año de prisión, como autores de sabotaje y
terrorismo.
Abogados defensores señalan a los jueces como lacayos del Gobierno
Libertad de
expresión de acuerdo a la ciudadanía
¿Cuándo
existe un derecho?, ¿Cuándo se lo escribe y reconoce en una declaración? o ¿cuándo
es ejercido a plenitud por la ciudadanía? En el caso de estudio, la libertad de
opinión y expresión, es un derecho de todos los ecuatorianos que, pese a su
reconocimiento jurídico, en la práctica solo se efectiviza por lo actores
políticos y personas con acceso a medios de comunicación.
El
debate se ha extendido por las esferas del poder público, la academia y los
medios de comunicación, pero la mayoría de los ecuatorianos carece de interés
sobre el tema. Según tres sondeos las empresas Santiago Pérez, Market y
Perfiles de Opinión, realizados en 2011, la delincuencia y el desempleo son los
problemas que más inquieta a la población.
Entrevista a encuestadoras nacionales sobre las preocupaciones de los ecuatorianos
Los
pocos ciudadanos (sin representación pública, como periodistas y políticos) que
se atreven a ejercerlo, enfrentan la respuesta virulenta del poder, por lo que
la mayoría de los ecuatorianos prefieren el silencio o la discreción, como se puede ver en investigación sobre la espiral del silencio, realizada por la encuestadora 'Santiago Pérez',
Captura de pantalla de la web SANTIAGO PÉREZ
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