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Las leyes que han salido de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), tienen todas una característica impensable en un Estado de Derechos: el absoluto desinterés por los derechos constitucionales y humanos de los ecuatorianos y la supeditación de éstos a las necesidades políticas de los tecnócratas gubernamentales.
De los proyectos principales que han fluido de la cloaca tecnicista, podemos señalar a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la Ley del Servicio Público (LOSEP) y la Ley Antimonopolio, aprobada últimamente por la Asamblea Nacional.
La Ley de Educación Superior que regula todo el sistema educativo superior, surgió como un proyecto impositivo, que viola la Constitución de 2008 y que destruye los principios elementales de la Academia. En el primer aspecto, fueron obviados los actores de la universidad ecuatoriana en la construcción de las reformas. Con la seriedad de un cínico, René Ramirez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y posteriormente el presidente Rafel Correa, manifestaron en los medios de comunicación que el proyecto fue socializado por más de seis meses y que conocían de ella todos los actores. Sin embargo, olvidó señalar que, dentro de los participantes de sus mesas de diálogo, jamás invitó a los rectores de las universidades públicas, ni a los representantes de los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. Dentro de las violaciones constitucionales del proyecto, podemos citar la creación de un ente administrativo que no se encuentra estipulado en la carta magna: la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), controlada completamente por el Gobierno Central y a la que se le otorga poderes omnímodos sobre la vida universitaria, dejando sólo en el papel el principio de autonomía, mientras que con la pretención de que las autoridades académicas sean designadas y no elegidas se destruía la democracia interna de las instituciones, pues se fomenta la obsecuencia y no el acuerdo, la crítica y autocrítica o la contradicción.
Las leyes que han salido de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), tienen todas una característica impensable en un Estado de Derechos: el absoluto desinterés por los derechos constitucionales y humanos de los ecuatorianos y la supeditación de éstos a las necesidades políticas de los tecnócratas gubernamentales.
De los proyectos principales que han fluido de la cloaca tecnicista, podemos señalar a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la Ley del Servicio Público (LOSEP) y la Ley Antimonopolio, aprobada últimamente por la Asamblea Nacional.
La Ley de Educación Superior que regula todo el sistema educativo superior, surgió como un proyecto impositivo, que viola la Constitución de 2008 y que destruye los principios elementales de la Academia. En el primer aspecto, fueron obviados los actores de la universidad ecuatoriana en la construcción de las reformas. Con la seriedad de un cínico, René Ramirez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y posteriormente el presidente Rafel Correa, manifestaron en los medios de comunicación que el proyecto fue socializado por más de seis meses y que conocían de ella todos los actores. Sin embargo, olvidó señalar que, dentro de los participantes de sus mesas de diálogo, jamás invitó a los rectores de las universidades públicas, ni a los representantes de los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. Dentro de las violaciones constitucionales del proyecto, podemos citar la creación de un ente administrativo que no se encuentra estipulado en la carta magna: la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), controlada completamente por el Gobierno Central y a la que se le otorga poderes omnímodos sobre la vida universitaria, dejando sólo en el papel el principio de autonomía, mientras que con la pretención de que las autoridades académicas sean designadas y no elegidas se destruía la democracia interna de las instituciones, pues se fomenta la obsecuencia y no el acuerdo, la crítica y autocrítica o la contradicción.
Asambleísta Francisco Ulloa denuncia inconstitucionalidad de la LOES
Por estas razones, se realizaron asambleas, reuniones, llamados a la cordura, ruedas de prensa, manifestaciones, luchas campales, etc., en contra del proyecto que se trataba en la Asamblea Nacional. Ante esta Función del Estado llegaron miles de universitarios y politécnicos para sensibilizar a los legisladores, que aceptaron prudentemente acuerdos mínimos para reemplazar aspectos fundamentales, como darle al Consejo de Educación Superior (CES), las funciones de rector del sistema, quitándole a la SENESCYT, dependiente del gobierno, ese papel, fortaleciendo la autonomía y permitiendo que los criterios de los autores reales de la universidad se plasmen en la Ley. Sin embargo, todo fue borrado de un plumazo por el veto parcial de Correa y el allanamiento de los asambleístas de Alianza País y sus adláteres.
Marcha en contra de la LOES
Con la misma receta se cocinó la Ley del Servicio Público, elaborada por la Secretaría; aprobada en la Asamblea, aceptando algunos planteamientos de los servidores públicos que redefinían las intenciones de socavar los derechos de los trabajadores, como el monstruo semántico y jurídico de la "renuncia obligatoria"; enviada al Ejecutivo que la devuelve insistiendo en el proyecto original y sometiéndose los asambleístas a la voluntad gubernamental en temas como las bonificaciones de los integrantes de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al día siguiente, el 30 de septiembre de 2010, varios regimientos de policía y un grupo de militares se amotinaban para defender sus derechos eliminados en la LOSEP.
Manifestación de rechazo a la LOSEP
Finalmente, la SENPLADES crea el Frankenstein jurídico, conocido públicamente como Ley Antimonopolio, pero que se le dio el grave apelativo de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM), que contiene las normas más burdas, en las cuales se pierde la noción de independencia de funciones, se legisla la violación de los derechos humanos y se crea un organismo superpoderoso capaz de juzgar, perseguir, expulgar, discernir, involucrar y encarcelar.
Entrevista al asambleísta Fernando González
La Asamblea Nacional aprobó la LORCPM, el jueves 29 de septiembre de 2011. Según el legislador oficialista Paco Velasco (AP), se realizaron "32 modificaciones de palabras o frases y 31 sustituciones o aclaraciones a los articulados" (EL UNIVERSO). Aunque es de esperar que, como en los casos anteriores y con la radicalización de la Revolución Ciudadana, el gobierno vete la Ley y la envíe a la Asamblea igual o peor que el proyecto original.
Debate sobre la Ley Antimonopolio
¿De qué mentes salen estas leyes que contemplan aberraciones jurídicas?, ¿Quiénes son estos funcionarios capaces de crear superpoderes que estén sobre toda dignidad humana y el derecho constitucional ecuatoriano?, ¿Es iniciativa de los tecnóctatas de SENPLADES o las instrucciones vienen directamente del Ejecutivo?.
Los proyectos de ley que tienen una esencia inconstitucional han nacido de la tecnocracia de Alianza País (partido del actual gobierno de Ecuador). En estas leyes, se verifica que los derechos humanos, civiles y políticos, les estorban en cuanto chocan con su imaginario de "Estado ideal". Esta camarilla de profesionales recuerdan, por su juventud y por su estilo, a los asesores que rodeaban a Richard Nixon, capaces de manejar la ley y el poder al antojo e interés del Gobierno; y que, finalmente, le llevaron a dimitir como Presidente de los Estados Unidos.
Como ejemplo patético de los intentos por eliminar derechos ciudadanos con fines prácticos de la administración gubernamental, podemos señalar a la Acción de Protección. De acuerdo al artículo 88 de la Constitución actual, impulsada por el gobierno vigente, "La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación"(1).
Los proyectos de ley que tienen una esencia inconstitucional han nacido de la tecnocracia de Alianza País (partido del actual gobierno de Ecuador). En estas leyes, se verifica que los derechos humanos, civiles y políticos, les estorban en cuanto chocan con su imaginario de "Estado ideal". Esta camarilla de profesionales recuerdan, por su juventud y por su estilo, a los asesores que rodeaban a Richard Nixon, capaces de manejar la ley y el poder al antojo e interés del Gobierno; y que, finalmente, le llevaron a dimitir como Presidente de los Estados Unidos.
Como ejemplo patético de los intentos por eliminar derechos ciudadanos con fines prácticos de la administración gubernamental, podemos señalar a la Acción de Protección. De acuerdo al artículo 88 de la Constitución actual, impulsada por el gobierno vigente, "La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación"(1).
Esta garantía de la aplicación de los derechos, en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado se elimina, pues nadie podrá interponer este recurso cuando sea investigado por los funcionarios del gobierno. La Asamblea Nacional aprobó esta Ley y el Presidente la ha sancionado, es decir, que entrará en vigencia con la publicación en el Registro Oficial.
Ec. Rafael Correa, el dueño del escenario
En estos cinco años de gobierno de Rafael Correa, ha sido él quien ha orientado las políticas gubernamentales, secundado por un Gabinete, más obediente que deliberante o proponente. Por eso en muchas cadenas sabatinas, zarandea públicamente a sus subalternos, sin que éstos lleguen a dimitir, ante el escarnio público del que son objeto.
Ec. René Ramírez, Director de Orquesta de las nuevas leyes,
reemplazado desde noviembre de 2011 por Fander Falconí
reemplazado desde noviembre de 2011 por Fander Falconí
Y los músicos, son varios jóvenes profesionales, algunos de los cuales han dado entrevistas para explicar los alcances de las reformas legales, con mucha solidez intelectual, pero sin sustento jurídico, doctrinario, histórico ni racional.
Ec. Diego Martínez Lic. Ana María Larrea Ec. Natalia Cardenas
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(1) CONSTITUCIÓN
DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR, 2008.
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